Más allá de las buenas o malas decisiones que el Gobierno nacional o regionales hayan tomado para enfrentar la actual crisis de emergencia sanitaria por causa de la pandemia Covid-19, con perjuicios económicos y sociales, es innegable las buenas intenciones emprendidas por la mayoría de los gobernantes para hacer lo mejor en revertir y mitigar los impactos dolorosos que están quedando en la sociedad. Sin embargo, para un problema de tal magnitud nunca antes vista, las decisiones tomadas carecen de cohesión desde la perspectiva de la integración institucional, es decir, cada uno concibe soluciones de manera individual, llámese país, departamento, municipio o entidad pública o privada.
Es innegable las buenas intenciones emprendidas por la mayoría de los gobernantes para hacer lo mejor en revertir y mitigar los impactos dolorosos que están quedando en la sociedad…
Y seguramente, cada actor ha contribuido con parte de la solución, pero el problema es más profundo que desborda fácilmente las intenciones individuales, que demanda esfuerzos descomunales para resolver el dilema entre la salud o la economía; por sí mismo, es el mayor desafío que todas las naciones conscientes del problema, unidas deberían afrontar. Para Colombia, los pronósticos de expertos en varios escenarios económicos son fatídicos, que deteriorarán la calidad de vida en todos los niveles de la población; donde podríamos estar enfrentando un decrecimiento en el Producto Interno Bruto a niveles negativos y una tasa de desempleo que ronda el 20% y 25%; y a la luz de lo menos expertos, públicamente es evidente el grado de vulnerabilidad de la estructura empresarial del país, conformada con más del 90% en unidades productivas micro y pequeñas, con poca o nula generación de valor en la oferta de bienes y servicios, que se agudiza con los niveles de informalidad empresarial cercanos a niveles del 50%.
No es un problema menor, y es más serio de lo que muchos mandatarios públicos están tratando de resolver focalizados en las necesarias ayudas humanitarias. En perspectiva las soluciones individuales no son suficientes, por el contrario, la dispersión de esfuerzos mitiga, pero sin establecer una dirección concreta, dando pie a que aumente la incertidumbre del empresario, del empleado, del comerciante, de la inversión tanto pública como privada.
Parece obvio, el proponer acciones de coordinación institucional para el diseño de políticas públicas que sean incluyentes, innovadoras y flexibles a todos los sectores; pero no lo es tanto, al evidenciar que esta crisis se está tratando de resolver con actuaciones individuales y aisladas por parte de los gobernantes, con manifestaciones arrogantes de poder, muy por debajo de la responsabilidad que deben asumir – donde no se identifican liderazgos que inviten a la unidad, y que lleve a los actores de un mismo territorio a integrar capacidades.
Es preciso aprovechar la institucionalidad construida en cada región, que active el conocimiento colectivo dispuesto a través de Sistemas y Subsistemas configurados a lo largo de muchos años y gobiernos, agrupados por especialidades que abordan temas para la productividad, el recurso humano, la innovación, el emprendimiento, sectores productivos, derechos humanos, ambiente, con propósitos propios y que buscan desde cada escenario la competitividad del territorio. Con la capacidad instalada en el seno institucional, es preciso, reflexionar sobre las relaciones intergubernamentales y el resto de la sociedad como constructores de su propio desarrollo y en las actuales circunstancias como eje de la solución.
De manera particular, los departamentos cuentan con una instancia encargada de la coordinación y articulación de actores público, privado y de la academia, a través de las demás instancias en el territorio como son, los Comités Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Redes Regionales de Emprendimiento (RRE), Consejos de Mipymes, Comités Universidad, Empresa, Estado, Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), Comités ambientales, entre otros, así como las instancias o mesas sectoriales (incluyendo a nivel subregional), los cuales están diseñados para la planeación, gestión y promoción del desarrollo mediante procesos orientadas a la competitividad del departamento; su diseño permite la confluencia de todos los actores para trabajar en propuestas que hagan posible materializar una visión compartida de territorio, y son las Comisiones Regionales de Competitividad (Decreto 1651 de 2019), que hoy son llamadas a ejercer su rol a partir de las funciones con las que han sido creadas para convocar a la articulación (unidad) de todos los actores hacia propuestas y soluciones colectivas, siendo éstas una plataforma de integración de individualismos de gobernantes para el bien común.
Para movilizar la institucionalidad, bajo un escenario de diálogo constructivo libre de intereses particulares, es necesario la visibilización de agentes líderes con capacidad de aglutinar y ordenar a los actores hacia las Instancias, y visionar la funcionalidad de “la plataforma”, la cual debe articular esfuerzos e iniciativas, como insumo para diseñar las medidas rápidas y focalizadas, en respuesta a la recuperación productiva y económica.
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La sociedad demanda señales que provengan de una institucionalidad activa y visible”
La sociedad demanda señales que provengan de una institucionalidad activa y visible, con respuestas organizadas que transmitan confianza a los empresarios y ciudadanos, y que atajen el escepticismo ante una distante salida a la crisis, la cual aún no se ha visto en su real dimensión.
